La diputada Blanca Lamas presentó un exhorto al Consejo Nacional de Seguridad Pública para que en virtud de sus atribuciones establezca los lineamientos necesarios para el desarrollo de políticas públicas en materia de seguridad durante procesos electorales, a fin de garantizar la integridad física, mental y la vida de aspirantes, candidatos y funcionarios públicos.
El proceso electoral 2024 se ha visto marcado como aquel con más violencia en la historia moderna de México, asimismo ha sido el más grande, al elegirse al titular de la Presidencia de la República, 128 senadurías, 500 diputaciones federales, 1,098 diputaciones locales, 1,802 presidencias municipales, 14,764 regidurías, 1,975 sindicaturas y 431 cargos auxiliares.
Sin embargo, en lugar de enfocar la reflexión en sus resultados, no se puede dejar de pensar en la gran mancha que ensucia este proceso: la violencia contra aspirantes, candidatos y funcionarios públicos. Hasta el 1 de junio, un día antes de la jornada electoral, habían ocurrido más de 200 homicidios políticos, con al menos 30 candidatos asesinados a lo largo del país.
Por lo tanto, es oportuno que el Consejo Nacional de Seguridad Pública, de acuerdo con el artículo 14 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, trabaje en el desarrollo de políticas públicas en materia de seguridad durante los procesos electorales, contar con medidas de prevención y atención necesarias para garantizar la integridad física, mental y la vida de aspirantes, candidatos y funcionarios públicos durante procesos electorales.
